Ensenada.
El martes 17 de marzo se registró uno de los acontecimientos más sobresalientes
del 2015 cuando unos 7 mil jornaleros en su mayoría migrantes se enfrentaron
con las autoridades en el sur del municipio de Ensenada para manifestar su descontento
por las condiciones laborales en los campos agrícolas de Baja California, según
el discurso de los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional,
Estatal y Municipal por la Justicia Social.
Fue alrededor de la media noche de ese día cuando
los primeros inconformes -hombres y
mujeres de todas las edades- se apostaron en diez diferentes puntos de la
carretera Transpeninsular a lo largo de 90 kilómetros, de la vía de
comunicación más importante para el transporte de carga terrestre en Baja
California. La carretera fue bloqueada con llantas, piedras y barricadas de
concreto, también prendieron fogatas para imponer presencia.
Los jornaleros exigieron al Gobierno Federal un
encuentro en persona con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, para entregar un pliego petitorio con exigencias relacionadas con
mejora salarial, pago de vacaciones y horas extras, crear figura legal para que
todos los jornaleros –fijos y temporales- tengan acceso al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), guarderías, así como erradicar supuestos abusos en contra
de mujeres dentro de las áreas de siembra a manos de mayordomos.
Por la mañana el problema ya había rebasado a las
autoridades municipales cuyas delegaciones, así como estaciones de policías, fueron tomadas por los manifestantes y los
pocos oficiales buscaron refugio en las casas de los mismos habitantes. La mayoría de los
jóvenes que formó parte de la protesta estaba armada con palos y algunos con machetes.
En Camalú, el conflicto se agravó cuando una turba
se movía de un lado a otro de la carretera donde apedrearon el mercado El Reloj
y rompieron los cristales de la puerta de entrada para después saquear el
negocio a la vista de los resignados dueños.
Ahí, unas 800 personas entre niños, mujeres y
adultos mayores, fueron testigos del robo en el establecimiento para sacar desde dinero en
efectivo, comida, artículos de limpieza, celulares, hasta bebidas alcohólicas,
todo valuado en más de 20 MDP, según un peritaje posterior. Camalú fue un
pueblo sin ley. Hubo 12 detenidos por el caso de El Reloj que fueron liberados meses después por la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas.
A las seis de la tarde en el centro de Gobierno de
San Quintín, se registró otra confrontación entre policías estatales, federales
y elementos del Ejército Mexicano, Algunos de estos refuerzos (antimotines) llegaron
hasta ahí por aire, de los municipios del estado y otras partes del país.
Durante el enfrentamiento usaron armas de fuego, palos, piedras y los agentes
usaron gas lacrimógeno. Hubo varios lesionados.
Horas más tarde, granaderos federales disolvieron
la manifestación y mantuvieron un operativo alrededor del poblado.
Ese día, los establecimientos, gasolineras y
mercados permanecieron cerrados por casi 48 horas. Los residentes, pero sobre
todo los comerciantes, vivieron momentos de tensión refugiándose en sus casas. Las
empresas Los Pinos y Driscoll fueron
bloqueadas y estuvieron custodiadas al igual que las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales,
tenían casi 60 líderes distribuidos en los diferentes campos de trabajo, y el
mayor problema fue poner de acuerdo a los dirigentes.
Otro
enfrentamiento en mayo
El nueve de mayo en la delegación Vicente
Guerrero, en la colonia Nueva San Juan Copala, hubo otro enfrentamiento entre policías
estatales y simpatizantes del movimiento de jornaleros, lo que dejó como
resultado el incendio de la estación de policía, el desmantelamiento de un
tanque de asalto “Rhyno”, y dos vehículos
particulares también hubo detenidos que fueron liberados después.
Logros
a medias
Dentro del Centro de Gobierno, se encontraba el
Secretario de Gobierno de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez; el
subprocurador de Justicia del Estado, Marco Chavarría López, el subsecretario
de gobierno, Pablo Alejo López Núñez, quienes no pudieron dialogar con los protestantes,
tampoco el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Las manifestaciones se mantuvieron por lo menos
tres meses, en ese lapso se hubo campamentos en cada una de las delegaciones. Luego de varias reuniones entre los dirigentes de la alianza con el
Subsecretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, se resolvieron varias de las
peticiones hechas por los jornaleros, además se logró mayor inversión para la zona sur, al tiempo
que la STPS se comprometió a realizar el trabajo de inspección de manera
permanente.
Actualmente los dirigentes de la alianza se
dividieron en dos grupos y cada uno por su lado creó un sindicato independiente
para afiliar a los trabajadores.
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